Encuesta Gerardo Carballo, miembro del Comité Científico del IEMEP
Gerardo Carballo. Técnico del Área de Migraciones e Igualdad de Trato del Defensor del Pueblo
1. ¿Qué opina de la mediación y de su coexistencia con la vía judicial?
La mediación es una institución social y jurídica que nace desde la necesidad de encontrar acuerdos en escenarios de conflictos con soluciones no predeterminadas. La vía judicial debe contar con la mediación como garantía de paz social en el marco de la tutela judicial efectiva.
2. ¿Cree posible la mediación en conflictos con la Administración pública, en vía administrativa, e incluso, cuando el conflicto se ha judicializado?
Es posible y necesario en las relaciones ordinarias entre los ciudadanos y la Administración como paso previo al acto administrativo y, en el ámbito judicial reactivo, como instrumento para revisar decisiones administrativas no ajustadas al más recto sentido de la justicia.
3. Según su opinión, ¿cuáles son las principales necesidades que posibilitarían la mediación en conflictos con la Administración pública judicializados?
La más urgente necesidad es la de salir de un escenario tenso y riguroso como es el proceso judicial contestado y trasladar a los litigantes a un lugar en el que el conflicto pueda verse como una oportunidad de ganancia compartida.
4. ¿Considera necesaria una ley específica que, de forma expresa y detallada, regulase la mediación en este orden jurisdiccional?
¡Sin duda alguna!; una ley como factor esencial de seguridad jurídica y como hoja de ruta de un procedimiento de mediación fiable y estructurado.
5. ¿Cree aconsejable una unidad organizativa que coordine la labor de los órganos judiciales con la del instituto o servicio de mediación y, entre otras funciones, se ocupara de una adecuada gestión y seguimiento de las derivaciones judiciales?
Es aconsejable y la experiencia demuestra que las unidades que existen están dando crédito reputacional a la institución de mediación.
6. ¿Cree que la mediación puede contribuir a dinamizar la economía del país?
Por supuesto, basta pensar en las bondades de la mediación para poner fin con mayor celeridad a los recursos contencioso-administrativos sobre responsabilidad patrimonial o tributarios que permitan, por ejemplo, poner en circulación los depósitos en efectivo dinerarios.
7. ¿Cree que la mediación puede incrementar y reforzar la transparencia de la actividad pública y de aquellos que prestan servicios públicos o ejerzan potestades administrativas?
Por supuesto. La transparencia es un factor que genera confianza en el servicio público y el escenario de la mediación permite al ciudadano participar activamente en el asunto que le afecta obteniendo de la Administración la mayor, mejor y más clara información disponible.
8. ¿Cree que existe cultura de mediación en: La Administración de Justicia, en las Administraciones públicas y en la ciudadanía?
No creo que se trate actualmente de un déficit cultural. La mediación con los poderes públicos es una forma ancestral de resolver conflictos y ha calado en nuestra sociedad desde hace muchos años. La figura del Ombudsman-Mediador en España y el uso que de ella hacen los ciudadanos para resolver sus conflictos administrativos es una buena prueba de ello.
9. En el caso de que la respuesta anterior fuera negativa, ¿qué medidas considera imprescindibles para gestionar ese cambio cultural y alcanzar una adecuada implementación de esta herramienta de resolución de conflictos?
Medidas normativas, formativas, de apoyo a la investigación e inversión a largo plazo.
10. Según su opinión, ¿qué requisitos deben reunir los mediadores en esta parcela del ordenamiento jurídico?
Sin dudarlo, deben ser mediadores especialmente capacitados en técnicas de negociación y, si no es posible una «comediación», en todo caso deben ser muy conocedores de la práctica administrativa y judicial.