Dieciséis mediadores formados empezarán a trabajar de la mano de la Cámara de Comercio, que extenderá el sistema a todas las provincias de Castilla y León
La magistrada presidenta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede en Valladolid, Ana María Martínez Olalla, confiesa que hasta ahora era «muy escéptica» sobre las bondades de la mediación pero, tras las jornadas formativas puestas en marcha por el Consejo General del Poder Judicial, la Cámara de Comercio de Valladolid y la Junta, ha empezado a ver las bondades de este sistema de resolución de conflictos, especialmente «a la hora de obligar a la Administración a responder las reclamaciones de los ciudadanos y en la ejecución de sentencias». Es el silencio administrativo y el remoloneo de las administraciones públicas a cumplir con celeridad las sentencias dictadas por los tribunales dos de las rémoras del orden de lo contencioso administrativo, y que se traduce en que los procedimientos tienen tiempos larguísimos.
La experta del CGPJ en materia de mediación, la magistrada vallisoletana Ana María Carrascosa, subraya que el tiempo medio a que se tarda en resolver un asunto contencioso desde que entra en un juzgado hasta hay sentencia firme es de dos años. Aunque en Valladolid se ha conseguido reducir los tiempos medios a un año, como se apresura a puntualizar la magistrada Martínez Olalla. Si en lugar de judicializar un conflicto entre la Junta y un particular, o entre la Junta y un ayuntamiento, se acude a la mediación, se podría lograr un acuerdo entre las partes en un tiempo que no sobrepasaría los dos meses. Señala Carrascosa que el 50% de las reclamaciones patrimoniales de particulares a las administraciones que llegan a los tribunales de lo contencioso podrían desviarse a la mediación.
Pero para ello es necesario un cambio de mentalidad, reconoce la jurista, que pasa porque la Administración escuche a los ciudadanos. «Se tiene que acabar con la amenaza esa de vaya usted a reclamar al contencioso», ironiza la magistrada quien entiende que, aunque en todos los casos no será posible, en muchos sí se podrá aplicar y evitar que el asunto entre en la maquinaria judicial. «Es tan importante tener una buena sentencia como un buen acuerdo», remacha.
El proyecto piloto, que la Cámara de Comercio de Valladolid aspira a que se extienda progresivamente a todas las provincias de Castilla y León, según ha indicado el presidente del órgano vallisoletano, Víctor Caramanzana, arranca desde hoy y para ello se han formado dieciséis mediadores de campos profesionales tan diferentes como la arquitectura, la ingeniería, la economía, la abogacía o la procura. El objetivo, ha subrayado, «aportar soluciones a un problema general: que los procesos contencioso-administrativos tienen que ser más rápidos, económicos y eficaces». Por eso, ha recordado, la Cámara creó hace 30 años la corte de arbitraje entre particulares y empresas y se ha implicado en los últimos años también en la mediación mercantil.
La Junta de Castilla y León respalda esta iniciativa aunque es la institución que se muestra menos optimista respecto de un sistema de resolución de conflictos que, como también reconocen magistrados y empresarios, precisa de un marco legislativo concreto que lo revalide. «Es necesaria una ley que atienda las singularidades del derecho administrativo para potenciar la mediación». Incluso, apunta el responsable de la Cámara, hay que promover un máster especializado en la Escuela de Negocios.
El director general de los servicios jurídicos de la Junta, Luis Miguel González Gago, insiste en la necesidad de una ley estatal que arbitre estas fórmulas de mediación.
Las cifras que maneja el Consejo General del Poder Judicial respecto de la actividad de los tribunales y juzgados respalda la necesidad de la mediación para descongestionar los despachos judiciales. Así, el último informe 'La Justicia, dato a dato« correspondiente a 2018 refleja que, en el conjunto de España, entraron un total de 208.374 asuntos contencioso-administrativos, fueron resueltos 210.213 asuntos en ese periodo, se dictaron 126.849 sentencias y quedaron en trámite para resolver durante 2019 un total de 188.053 expedientes. El orden contencioso administrativo tiene la tasa de pendencia más elevada de todos (0,89) y la mayor de congestión, 1,88. Además, durante 2018 se dictaron un 2,2% de sentencias menos.
Del total de asuntos que entraron en los juzgados de Castilla y León el año pasado, 257.990 casos, 8.881 fueron contencioso-administrativos, lo que supone un aumento, respecto de 2017, del 4,7%. Se resolvieron 7.952 de ellos, pero al inicio del año 2019 se arrastraban otros 5.652 expedientes en trámite. Tienen una tasa de pendencia del 0,71%, la más alta de todos los órdenes, y una tasa de congestión del 0,73, también la más elevada de todos, incluso por encima del orden civil, aunque estos indicadores están por debajo de la media nacional.
La jornada de mediación, que ha estado presidida durante la inauguración por el presidente del TSJ de Castilla y León, José Luis Concepción, ha concluido con la ponencia de cierre del exdefensor del pueblo Álvaro Gil Robles, uno de los pioneros de la mediación hace diez años y patrono de la Fundación Valsaín para la Promoción y Defensa de los Valores Democráticos.
fuente y fotografía: El norte de castilla
https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/arranca-valladolid-mediacion-20191113120007-nt.html
https://www.youtube.com/watch?v=g0QuMa2pxzQ