Soy bretón. La fuerza y la vitalidad de las regiones en Europa me fascinan. Veo en ellas el futuro de nuestro continente, de su desarrollo y la participación de los pueblos en un proyecto de unión en la diversidad. Siendo francés, soy un ciudadano de un país donde el centralismo ha sido la regla durante mucho tiempo, impidiendo el desarrollo de voluntades e identidades locales. Por ello, la libertad de una región para afirmar su ambición en el pleno respeto de las normas constitucionales y europeas es algo que resuena en mí.
Como tantos otros, sigo la crisis en Cataluña con inquietud. Conozco y amo esta Comunidad Autónoma. También conozco España: es el país de mis hijos y de mi esposa. Por puro azar vivo en Bélgica a unos quince kilómetros de Waterloo, "sede" desde hace un año de una improbable "República de Cataluña en el exilio". Los antiguos líderes autonómicos, apoyados por un partido nacionalista flamenco, se han establecido allí y se presentan como resistentes perseguidos debido a su elección en favor de la independencia.
Todo esto es un invento. Nadie en España es procesado, y mucho menos encarcelado, por sus opiniones. Es un honor para la España post franquista haber podido romper con la arbitrariedad, mediante la construcción, gracias a la voluntad común y valiente de las fuerzas políticas, que la historia había hecho que se opusieran trágicamente, de una democracia sólida y del Estado de Derecho irreprochable. Bajo la dictadura hubo exiliados y presos políticos bajo la dictadura, muchos si cabe. No ha habido ninguno desde la instauración de la democracia española.
¿De qué hablamos entonces? De líderes que, al frente del gobierno autonómico, han optado por ignorar las múltiples advertencias de su oposición en el Parlamento catalán, del gobierno nacional y del Tribunal Constitucional mediante la organización de un referéndum el 1 de octubre de 2017 sobre la independencia de Cataluña y luego proclamando esta independencia. Sin embargo, no existe el derecho a la autodeterminación en la Constitución española, como tampoco en la Constitución francesa o en la de Bélgica.
Es en este contexto que se iniciaron procedimientos contra la rebelión, la sedición y malversación de fondos públicos contra los líderes catalanes implicados. Algunos de estos líderes, en prisión preventiva, están siendo juzgados actualmente por el Tribunal Supremo. Otros no, al haber optado por fugarse, no el exilio, para escapar de la justicia. Los derechos de defensa ante el Tribunal Supremo son respetados escrupulosamente. Los debates son públicos y pueden seguirse en streaming, en España y en otros lugares.
Esta es la verdad. La Justicia se pronunciará como en cualquier Estado de Derecho. Mientras tanto, la desinformación y la narración de historias están en pleno desarrollo, fracturando profundamente la sociedad catalana y desestabilizando a España. Algunos antiguos líderes catalanes que están siendo juzgados por el Tribunal Supremo o residiendo en Waterloo son candidatos a las elecciones generales del 28 de abril, llevando una campaña por videoconferencia. Un partido de extrema derecha, Vox, ha surgido y reclama la recentralización de España. Todo esto es temible.
En una democracia, la Constitución debe ser respetada. Es indiscutible que puede evolucionar, pero en estricto cumplimiento de las reglas de reforma y mayoría cualificada impuestas por el poder constituyente. Ninguna causa justifica la violación de cualquier Constitución en Europa. Esta es la posición que defendí con toda sinceridad ante las autoridades españolas, y luego ante los diputados en Madrid cuando era candidato para el mandato de Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, hace un poco más de un año.
Pero también se debe ir más allá del mero recordatorio a la Constitución y lanzar un debate, no tanto con aquellos que descartan las reglas para imponer sus ideas, sino con los españoles y, por lo tanto, con los ciudadanos de Cataluña, desinformados. A ellos son los que hay que convencer con argumentos de sentido común acerca de la fortaleza de la identidad autonómica, su vínculo útil con la nación y la centralidad de la región en Europa. Y así, por el renovado apoyo a las Comunidades Autónomas en Cataluña y en el resto de España.
Pierre-Yves Le Borgn ', ex diputado francés
(*) Los artículos que se publican en esta sección, recogen exclusivamente la opinión del autor.