social1  social3 social2

¿QUO VADIS AMERICA LATINA?

Jorge Luis MAIORANO (*)

 

El último informe conocido de Latinobarómetro da cuenta de datos que llaman la atención y cuando menos preocupan: la democracia pierde apoyo en América Latina, la satisfacción con la democracia en la región pasó de 38% en 2015 a 34% en 2016. No es el único índice preocupante: la confianza en las instituciones democráticas también cayó en el último año. Para los organismos electorales, pasó de 44% a 32%; para el gobierno, de 33% a 28%; para el poder judicial, de 30% a 26%; para el Congreso, de 27% a 25% y para los partidos políticos, de 20% a 17%. A la vez que bajó el apoyo a la democracia en América Latina creció la confianza en las fuerzas armadas y en la policía.

El estudio Latinobarómetro es producido por la Corporación Latinobarómetro, una ONG sin fines de lucro con sede en Santiago de Chile, que es la única responsable de los datos. En 1995, Latinobarómetro realizó el trabajo de campo de la primera ola de encuestas de América Latina que incluyó 8 países: Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

A partir de 1996, el estudio se lleva a cabo en 17 países, incorporándose en 2004 República Dominicana, completando así los 18 países latinoamericanos, con la excepción de Cuba. En 2015 se cumplieron 20 años de este seguimiento de la opinión pública en las sociedades latinoamericanas. Con un margen de error de entre el 2,8 % y el 3,5%, el trabajo de campo se realiza cara a cara con una muestra de entre 1.000 y 1.200 casos por país.

El Informe aludido analiza sucesivamente la democracia y la política, la imagen de los medios de comunicación y la economía abordando, en particular, temas tan diversos como el autoritarismo político y social, la confianza en las instituciones, la credibilidad de la política, la satisfacción con la economía, delincuencia y violencia, entre otros.

En su apartado I “La democracia en América Latina” recuerda que a mediados del año 2015 se publicó un libro editado por Larry Diamond y Marc Plattner sobre el estado de las democracias en el mundo, titulado “El declive de la Democracia”. ¿Por qué las democracias de la tercera ola tienen tan bajo desempeño?, se preguntó. Su análisis es crítico. ¿Se ha estancado el proceso de consolidación de estas democracias o hay un retroceso de estas? La pregunta que surge es entonces: ¿cómo América Latina se incorpora en este escenario de declive de las democracias de la tercera ola? más allá de las conclusiones del propio libro, ¿qué dicen los ciudadanos? ¿hay un declive de las democracias?

Tal vez el párrafo más significativo que plantea interrogantes es el que dice: “Después de 21 años en que hemos monitoreado el apoyo a la democracia, la situación es peor que al inicio. ¿Qué le pasó a la región además de entrar en

un período de bajo o nulo crecimiento económico? ¿Acaso el ciclo económico impide que avance el proceso de consolidación de la democracia?

Los datos sugieren algo diferente puesto que el apoyo a la democracia aumenta durante la crisis subprime, en 2008 y 2009, cuando la economía iba en el sentido contrario y alcanza un punto más alto en 2010, con el 61%. Recién a partir de 2010 se produce una baja, lo que estaría indicando que la economía no es el único factor que incide.

La satisfacción con la democracia es claramente un indicador de desempeño económico, cae del 38% en 2015 al 34 % en 2016; viene disminuyendo sin pausas desde 2009, en una correlación bastante nítida con el deterioro del crecimiento desde 2010. La correlación se aprecia más claramente al examinar los insatisfechos. La satisfacción con la democracia había aumentado desde su punto más bajo en 2001, durante la crisis asiática, cuando llegó al 25%, creciendo después hasta el 44% en 2009, reflejando también un período en que los ciudadanos gozaron de mayor prosperidad y los gobiernos tuvieron más aprobación. A partir de 2010 eso cambia y comienza a disminuir. Este indicador de satisfacción es de desempeño, estrechamente relacionado al funcionamiento de los gobiernos e históricamente ha sido inferior al apoyo a la democracia.

¿Qué ha sucedido en América Latina para que se reflejen estos índices preocupantes? Podemos sólo esbozar algunos motivos por los cuales esto sucede, pero en ninguno de los casos se trata de fenómenos pasajeros o de fácil solución. Se trata más bien de una profundización de las demandas de más democracia de los ciudadanos de la región. Son la corrupción, la violencia, la inclusión y la desigualdad que no logran controlarse y superarse.

Un hecho resulta incontrastable: los ciudadanos ya no aceptan lo que era aceptable hace diez años atrás. Si bien la violencia, la corrupción y la desigualdad han existido siempre y se constituyen en algo así como las taras de la región, ahora ya no son aceptables. Estos datos revelan así el peso de los factores políticos en el desarrollo de las democracias de América Latina. Son al final del día los líderes, la política y sus formas, las que marcan la diferencia del estado de las democracias en la región mucho más que el impacto de los factores económicos.

Quizás las razones que más han influido fueron el auge del populismo, la corrupción generalizada y el vaciamiento de los partidos políticos tradicionales.

Venezuela ha sido y lamentablemente continúa siendo, la principal expresión, motor e impulsor del populismo. Al amparo de sus efectos supuestamente benéficos sedujo a los venezolanos y ha copado todas las instituciones democráticas, inicialmente con Hugo Chavez y luego con su sucesor, Nicolás Maduro. Lo hizo en nombre de un pueblo de cuya representación reclama el monopolio; un pueblo cada vez más imaginario, en realidad, desde que en las últimas elecciones legislativas se ha reducido al 30 % del electorado. Ellos ejercieron el poder, todavía Maduro tiene retazos del que tenía Chavez, como modernos émulos de Luis XIV a quien se le atribuyó aquella famosa frase “El

Estado soy yo”; lo mismo hicieron los discípulos del llamado régimen bolivariano en varios países de América Latina.

El régimen venezolano cuando tenía abundancia de dólares como consecuencia del alto valor del petróleo, convocaba elecciones todos los años; ahora en cambio, en época de vacas flacas, tiene terror a las urnas y niega a los venezolanos el referéndum revocatorio que introdujo su propia Constitución.

La sociedad está agobiada como lo refleja el 72 % de sus habitantes que afirman no haber tenido suficiente comida, algunas veces o seguido en los últimos 12 meses; como una muestra de surrealismo existe, dentro de la estructura gubernamental, un “Ministerio del Poder Popular” que incluye un Viceministerio para la Suprema Felicidad Social del Pueblo…de un pueblo donde la inflación se proyecta para este año al 720% y para el año próximo los más pesimistas calculan que puede acercarse al 2000%; un pueblo que asiste con desesperanza a condenas judiciales a través de emisiones televisivas; además se insultaron jueces o sus sentencias, se despidieron opositores, se estigmatiza los estudiantes, sin ningún respeto a la constitución y las leyes que son nada más que sugerencias sujetas al arbitrio del poder.

El populismo no es una ideología y no se le puede atribuir un contenido programático específico. Tampoco es un régimen político y es compatible con una variedad de formas estatales. Es una manera de hacer política que se funda en el clientelismo y en liderazgos carismáticos. Este liderazgo carismático sólo es posible desde la fragilidad institucional de la democracia; el mismo líder populista no puede constituirse ni reproducirse como tal sino en base a un debilitamiento de las instituciones. Ese líder carismático no es más que la suprema personalización del poder político. Niega la realidad objetiva y crea su propia realidad la cual difunde a través de los medios de comunicación en su poder a los fines de que el pueblo la asuma como cierta. Crea una ficción y un

“relato” con el cual pretende seducir a los sectores más vulnerables. Persigue a los opositores, infunde miedo a los empresarios y si no tiene conflictos, los crea artificialmente en defensa de lo que denomina “valores nacionales y populares”.

El populismo destruye las instituciones y ese fenómeno es producto de masas postergadas y excluidas. Esto mismo permite entender una de las más particulares características de los líderes y sus carismas: su radical anti-institucionalidad: cuanto más ajenos o contrarios son y se muestran respecto de las instituciones, tanto mayor será su éxito. Este fenómeno en el que se contrapone y superpone el poder de las personas al margen y por encima de las instituciones, remite a otro de los factores y efectos de la desinstitucionalización de las democracias: la degradación plebiscitaria y destructiva de la representación política.

No me cabe duda que el populismo es una droga que adormece y encandila a vastos sectores de la sociedad que ven en él la salvación de sus vidas. Es una política suicida; crece de la mano de sociedades injustas alentado por líderes mesiánicos que solo buscan perpetuarse en el poder; por ello cuida tanto los pobres que los multiplica por doquier

Para Henry Louis Mencken populista es aquella persona que predica ideas que sabe que son falsas entre personas que sabe idiotas. En América Latina, donde prevalece lamentablemente la ignorancia y todavía se dan millones de analfabetos ante el fracaso incontestable de la educación, es muy fácil engañar a los indigentes y a los desesperados con promesas que, de antemano, se sabe son imposibles de cumplir.

Ese eje bolivariano que desparramó su ideología y que tuvo discípulos aventajados en la Argentina, Bolivia, Brasil y Ecuador ha sufrido una implosión que supone un futuro incierto para América Latina ya que se debilitaron sus dos principales impulsores: Brasil como motor económico y Venezuela como motor ideológico. Por ello no es aventurado afirmar que América Latina ha quedado boyando sin rumbo; aunque el paisaje parece estar cambiando en algunos países con la destitución de Dilma Roussef en Brasil y el triunfo de Mauricio Macri en la Argentina sacando del juego a actores claves en las relaciones internacionales de los últimos tiempos, no será fácil generar el regreso a la cultura del trabajo, el respeto a la ley en todas sus formas y la tolerancia política que supone considerar a quien piensa diferente como adversario y no como un enemigo.

América Latina se encamina a ser un continente más heterogéneo y sin el boom de las commodities de la década anterior. La economía mundial viene creciendo a tasas más moderadas: para 2016 se pronosticó un 3 % pero todavía se recuerda que en 2015 los pronósticos del FMI habían sido demasiado optimistas.

Y frente a esta situación cabe preguntarse ¿cuánta desigualdad social, cuánta pobreza, cuántas crisis económicas es capaz de tolerar la democracia, tal como la conocemos? Según el Banco Mundial, América latina es la región del mundo que menos progresos ha hecho en los últimos años para reducir la pobreza. Hay excepciones, sin duda. No podemos desconocer la excepción de la democracia chilena, tal vez la más eficaz para combatir la pobreza en los últimos años.

La pobreza acosa hoy al 44 por ciento de los latinoamericanos, aunque ese porcentaje es mucho mayor en varios países de la región. El 18 por ciento de los latinoamericanos, en promedio, vive en la indigencia; es decir, en la pobreza total. La informalidad laboral se acerca a los dos tercios en la actividad privada de la región. Son personas que, aunque trabajan, no tienen derecho a cobertura social ni a la esperanza de una jubilación en la vejez. Ellos viven el día a día. Esta realidad es especialmente dramática en la Argentina donde hace pocos días se conocieron datos oficiales provenientes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), intervenido durante el gobierno kirchnerista que maquilló las cifras de desempleo y pobreza, que estima el nivel actual de pobreza de los habitantes de nuestro país en el 32 %.

Otra razón que puede explicar las cifras de Latinobarómetro la constituye la crisis que se abate sobre el sistema de partidos políticos. Debemos reconocer que es una crisis generalizada. Existe en América latina una tendencia al vaciamiento de los partidos políticos tradicionales que, por lo general, son

reemplazados por movimientos políticos que dependen del liderazgo de un hombre. Es la devaluación de la democracia en forma de catálogo. No es casual tampoco la coincidencia en el tiempo entre caudillismo y pobreza, porque lo uno es funcional a lo otro.

Ante el sufrimiento social generalizado, la postergación de importantes sectores de la sociedad y la escasa cultura política cimentada al calor de los líderes populistas, cabe preguntarse: ¿cuánto más podrá tolerar la democracia en tales condiciones?

Los países de América latina no pueden estar condenados a devaluar su democracia ni a resignarse a los desamparos sociales. Hay ejemplos notables en ese sentido. ¿Cómo olvidar el ejemplo de Chile en materia de progreso social en un marco de vida democrática? ¿Cómo no tener en cuenta los ejemplos de Brasil y de Uruguay con notables transiciones entre gobiernos de distintos signos políticos? ¿Cómo no aprender de México y de su vocación para abrirse al mundo que le permitió firmar tratados de libre comercio con los bloques económicos más importantes y crecer considerablemente en los últimos diez años? A pesar de todo, esos países arrastran también sus propios conflictos políticos, económicos o sociales. La diferencia es que progresan y no se atrasan.

Otro factor que daña la credibilidad de la democracia y, en particular, afecta a la clase dirigente es la corrupción sistémica generalizada que crece y se multiplica al amparo del clientelismo tradicional; este verdadero cáncer de la sociedad sólo es posible allí donde no imperan controles entre los poderes del Estado, donde la impunidad no es castigada por una Justicia independiente y la ciudadanía no ejerce su poder de vigilancia.

La percepción de que los políticos han perdido credibilidad está muy expandida en la región. En 2016 un 46%, 3 puntos porcentuales más que en 2003, hace 13 años, cree que no se recuperará la credibilidad. Un porcentaje levemente mayor, del 49%, cree lo contrario, que sí es posible recuperar la credibilidad; este indicador ha mantenido sin variaciones desde 2013.

Hace 20 años la corrupción carecía de menciones o estas eran escasamente significativas. Aquí han ocurrido dos fenómenos simultáneos. Por un lado, la democracia ha traído mayores grados de transparencia, que permiten conocer hechos de corrupción de larga data en los países, que antes eran invisibles, lo que hace aumentar la percepción de importancia del problema. Además, el crecimiento económico sostenido que ha experimentado la región entre la crisis asiática y la crisis financiera con estados burocráticos y débiles en su capacidad de imponer la ley, ha creado en democracia nuevas oportunidades de corrupción que los gobiernos están recién comenzando a combatir.

Se observan dos tipos de corrupción: la histórica, contenida en la cultura de interacción de los países, que ha sido combatida en estos años y una nueva corrupción que proviene del crecimiento económico en países con gobernantes que consideraron lo público como propio y se adueñaron impiadosamente de los dineros públicos.

¿Cómo se puede avizorar un futuro más lucido? ¿Que hace falta para comenzar la tarea de reconstrucción de las sociedades devastadas por el populismo? Para ello es imprescindible que en nuestras sociedades se generalicen las ideas de que los gobernantes, legisladores, jueces y demás autoridades públicas son servidores de la comunidad y no mandamases titulares de un poder arbitrario; de que todas las personas por igual son titulares de derechos esenciales que deben serles respetados y tienen a su vez ciertos deberes frente a la sociedad y de que la ley, norma general obligatoria –y no la voluntad arbitraria de ninguna persona- es la regla que regula la convivencia colectiva, los riesgos de arbitrariedades, discriminaciones, favoritismos y otros abusos disminuirán al mínimo.

Por ello a mi juicio la moralización de la política depende de la moral colectiva. Si en una sociedad prevalece la creencia de que el poder es por naturaleza arbitrario y se acepta como natural o lógico que quien lo ejerza abuse, se enriquezca, favorezca a sus amigos o persiga a sus adversarios, no podrá esperarse que la política sea ejemplo de moralidad.

Sin perjuicio de lo anterior, es evidente que el sistema jurídico constituye un elemento importante para mejorar la calidad moral de la política. Una adecuada definición de las competencias funcionarias, un régimen estricto de incompatibilidades e inhabilidades, una legislación penal que tipifique y sancione adecuadamente los hechos constitutivos de corrupción, una judicatura independiente y eficaz, son elementos importantes para proteger el nivel moral de la vida pública.

Especial significación tiene, en este aspecto, la legislación que regule el sistema electoral de generación de los poderes públicos, sobre todo en lo relativo al financiamiento de las campañas; un régimen transparente en la materia es indispensable para asegurar la independencia de las autoridades elegidas.

No obstante esa legislación, por más perfecta que sea, no bastará por sí sola para moralizar la vida política de una nación. La política, en definitiva, es el espejo o reflejo de cada sociedad. Y admitido que ella, como toda actividad humana está sujeta a la moral, su calidad ética o moralidad será la que prevalezca en la comunidad humana en la cual se ejerce.

El gran desafío moral de la vida política consiste en crear condiciones que permitan a los seres humanos realizar su anhelo de vivir en paz. Paz entre las naciones; paz al interior de las mismas. Lo cual supone y exige ciertas condiciones que es necesario cumplir. Un viejo aforismo afirma que la paz es obra de la justicia. Y en su Encíclica Pacem in Terris, Juan XXIII sostuvo que

“la paz en la tierra, suprema aspiración de la humanidad a través de la historia, debe fundarse en la verdad, la justicia, el amor y la libertad”. Es claro que estas condiciones están lejos de darse en el mundo en que vivimos.

El desafío es mucho más profundo y amplio; se trata de la vigencia de los valores éticos en todo el ámbito de la conducta humana, de la que depende el bien común de las sociedades, que es –en definitiva- el fin último de la política.

El ordenamiento de las sociedades que hoy se llaman modernas reposa fundamentalmente en los valores de la libertad y la propiedad. En mi concepto, si no somos capaces de complementar esos valores con los de la justicia, la solidaridad y el bien común, no podremos lograr la primacía de la ética en la existencia colectiva.

La caída en el apoyo a la democracia, el autoritarismo social y político que se mantiene, por lo menos en algunos países, así como la lucha contra la corrupción; la violencia generalizada y su correlato la inseguridad, son problemas cotidianos que los Gobiernos de la región deben encarar rápidamente a fin de revertir la tendencia que muestra el último informe de Latinobarómetro; todo ello para alcanzar la legitimación cotidiana del Estado como pieza básica del Estado de Derecho en América Latina.

(*) Catedrático de Derecho Administrativo: Universidad de Buenos Aires (UBA); Universidad del Salvador (USAL); Universidad de Belgrano (UB), Buenos Aires, Argentina

Defensor del Pueblo de la Nación Argentina 1994-1999 (m.c)

www.jorgeluismaiorano.com

FaLang translation system by Faboba

La Fundación Valsaín utiliza cookies propias y de terceros para mejorar su experiencia al navegar por la web, analizando la navegación en nuestro Sitio Web Para saber mas sobre nuestra Politica de Privacidad haga click Saber mas ....

Si continúa navegando, usted está aceptando su uso