Argelia y Sudán: ¿hacia un resurgir democrático en los países árabes?

Opinión




Rememorando aquellas protestas pacíficas de 2011 que, como efecto dominó, se extendieron precipitadamente desde Túnez a otros países de la región, ocho años más tarde y tras las escasas luces y muchas sombras que nos dejo la definida como “mayor transformación del Medio Oriente desde la descolonización”, parece que una nueva primavera ha reverdecido en dos países donde la solidez de sus respectivos regímenes autoritarios no era siquiera cuestionada. 

 

En el caso de Argelia, el punto de inflexión fue la intención del régimen –los décideurs– de imponer un quinto mandato del Presidente Buteflika, en el poder desde 1999 y quien, a sus 82 años, goza de un estado de salud muy deteriorado. Si bien las protestas ciudadanas consiguieron la nada desdeñable hazaña de que Buteflika no se presentara a una nueva reelección, la consecución de este logro viró hacia una reivindicación aún más perentoria: la dimisión inmediata del Presidente. Finalmente, el 11 de abril de 2019, Addelkader Bensalá, en tanto Jefe de Estado interino, anunció la celebración de elecciones para el 4 de julio. Sin embargo, tras todas estas victorias, las protestas no han cesado, sobre todo entre los más jóvenes, quienes ven en Bensalá –Presidente de la Cámara Alta del Parlamento durante los últimos 17 años– la representación de todas las malas artes del régimen continuista. Por su parte, el ejercito, pieza clave en este difuso puzle, se encuentra titubeante. Ahmed Gaid Salah, de facto máxima autoridad militar del país, pese a pronunciarse en un inicio a favor de la continuidad del convaleciente expresidente Buteflika ahora parece querer redimirse y se muestra partidario de un proceso constituyente con garantías. 

 

Respecto de Sudán, las protestas comenzaron en diciembre de 2018 ante la situación extenuante de una economía ya maltrecha durante décadas. La creciente inflación y la retirada de subsidios a ciertos productos de primera necesidad derivó en manifestaciones pacíficas en el norte del país que fueron brutalmente reprimidas por el ejército. Hecho que contribuyó a que la llama prendida se extendiera a todo el Estado. Ante tal situación, Al Bashir, Presidente desde el golpe de 1989 y sobre el que pesa una orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional, decretó el Estado de emergencia, bajo cuyo pretexto se produjo la encarcelación e incluso la muerte de un significativo número de manifestantes. Sin embargo, lejos de amedrentarse, distintos segmentos de la población continuaron con las protestas, consiguiendo que entre finales de marzo y principios de abril el ejercito virase hacia las demandas de la ciudanía y el gobierno fuera disuelto. De manera que una junta militar, en principio transitoria, gobernará Sudán durante los próximos dos años. 

 

Hay que tener en cuenta que lo que acontezca en ambos estados no solo depende de las distintas fuerzas endógenas.  Como ocurriera en las primaveras árabes de 2011, los países del Golfo Pérsico se esmeran en afianzar sus respectivas esferas de influencia en el triple ámbito político, económico y religioso. Al respecto, dos ejes caben ser diferenciados: por un lado, el constituido por Doha y Ankara, y por otro, el eje Abu Dabi-Riad, amparado éste último bajo la administración Trump. Cuanto menos evocador es lo acaecido en Egipto tras las protestas de 2011, donde Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos se afanaron por acabar con el gobierno de los Hermanos Musulmanes, aliado de Qatar, y contribuyeron a que Al Sisi alcanzara el poder. General que desde entonces gobierna con mano de hierro el país. Por otro lado, habrá que atender al posicionamiento de la Unión Europea, cuya política exterior aparece en demasiadas ocasiones lastrada por desavenencias entre sus socios de mayor peso y donde otros intereses parecen primar ante la defensa de la democracia y los derechos humanos en sus vecinos del sur. 

 

Por tanto, y pese a sus diferencias, Argel y Jartum comparten más vínculos de los que a priori pudiera parecer, y entre los que despunta la ruptura de un contrato social donde la restricción en derechos y libertades se justificaba ante una pretendida estabilidad social y económica. Ruptura que ha propiciado el derrocamiento de dos líderes norteafricanos en menos de 10 días y que evidencia que  las causas de las revueltas de 2011 siguen aún sin ser atendidas. Habrá que esperar, por tanto, a si la sociedad civil de ambos países logra liderar este giro inesperado del guión, sorteando, para ello, los extendidos tentáculos del antiguo régimen entre los que, sin duda, el ejercito destaca como una de sus principales prolongaciones. 

 

 

Juan Bautista Cartes Rodríguez

Doctorando de la Universidad Complutense de Madrid en la rama de investigación “Derecho Internacional y Europeo”.