En los próximos meses la humanidad entera y como parte de ella nuestro país, habrá de emprender un largo camino de superación de los efectos económicos, políticos, sociales, institucionales y emocionales que la pandemia del Covi-19 ha dejado como un rastro doloroso en nuestras vidas.
No pretendo a lo largo de estas líneas realizar otro análisis mas, de entre los miles que estos días estamos leyendo o escuchando, formulados por especialistas, sociólogos, politólogos, etc. Me parece difícil aportar algo nuevo y útil en este contexto.
Me limitare a constatar los hechos de todos conocidos y afirmar la necesidad de sacar las consecuencias de lo que ha ocurrido, sin pensar que esto ha sido un tropiezo más y que pronto todo volverá a la normalidad. Eso no es así y hemos podido constatar nuestra debilidades, no solo en el terreno medico y científico, sino también en la organización de nuestras sociedades, en la firmeza y vivencia real de nuestros valores y principios democráticos y hemos puesto a prueba nuestras instituciones a escala nacional y también europea, por no salir del contexto poltíco territorial de nuestro continente.
Creo que ante lo duro de la prueba, nuestra sociedad globalmente ha salido reforzada y cohesionada como es pocas ocasiones, porque la desgracia se ha abatido sobre todos y todos hemos comprobado cuan vulnerables somos aun frente a los retos de la naturaleza que creíamos dominar.
Y hemos comprobado también como mitos del liberalismo capitalista, como aquel que proclamaba la absoluta limitación de lo público, y dejar a las fuerzas naturales de la sociedad proveernos de todo lo necesario en el juego del libre mercado, era y es un falacia absoluta.
Hemos visto en nuestro país, como solo con una sanidad pública poderosa , bien dotada y organizada se puede combatir una pandemia como esta. Junto al esfuerzo de los servicios públicos de seguridad, el ejercito, etc. Como el resurgir de la economía depende de las inversiones públicas, nacionales, regionales, locales y naturalmente europeas; como la catástrofe social de la perdida de millones de puestos de trabajo, solo se puede paliar en sus efectos mas terribles, gracias a la solidaridad de todos a través del erario público. Y no sigo.
En una reciente charla colectiva con José Luis Bonet, Presidente de Cámara España, nos recordaba la importancia de alcanzar la recuperación económica, pero que para ello era necesario garantizar la estabilidad política y social, instrumentando los pactos de Estado que fuesen necesarios, basados en el consenso y el diálogo. Con ese espíritu y compromiso, unido al apoyo de la Unión Europea, de la que formamos parte, es posible diseñar e implementar una estrategia que como sociedad nos permita superar el reto que tenemos delante. Insistía , además en la necesidad de invertir en formación y transmisión de valores a los jóvenes. No puedo estar mas de acuerdo.
En los próximos meses ciudadanos, organizaciones sociales, partidos políticos, Gobierno e instituciones tienen que demostrar que están al altura del reto que tenemos delante. Tenemos que dejar atrás viejas rencillas y mentalidades atrasadas que, por lo común, suelen responder a la defensa de pequeños e inconfesables intereses.
Es el momento de afrontar cambios y puestas al día mirando al futuro, basados en un esfuerzo común fruto del consenso político y social imprescindible.
Fundación Valsaín reitera su compromiso de seguir trabajando para que los valores de la democracia arraiguen lo mas fuerte posible en el seno de nuestra sociedad. Para que esta sea muy fuerte a la hora de afrontar retos como el que estamos viviendo, del que siempre quieren aprovecharse los movimientos mas oscurantistas, retrógrados cuando no racistas, xenófobos, o nacionalistas irredentos sembradores de la confrontación, y extremos en general.
Precisamente con ese ánimo, hemos decidido ejercer ante el Congreso de los Diputados el derecho de petición, junto con los Colegios de Abogados de Madrid, Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria, para solicitar del Gobierno y del Parlamento que, de una vez por todas, se regule la mediación como formula de resolución de conflictos, en todas las relaciones de los ciudadanos con las Administraciones públicas y muy especialmente en el seno de la Administración de Justicia, en lo contencioso administrativo.
Es esta una asignatura pendiente en nuestro país, donde la mediación es comúnmente utilizada en los distintos órdenes jurisdiccionales, excepto en el contencioso administrativo, obligando al ciudadano a tener que soportar largas vías de recursos ante la administración o costosos pleitos igualmente dilatados en el tiempo.
El Consejo de Europa, la propia Unión Europea desde hace años vienen insistiendo en la necesidad de dar este paso. La propia Francia, cuna de nuestro derecho administrativo, ha dado este paso desde hace ya tres años. Y en nuestro país sigue la resistencia numantina a facilitar a los ciudadanos la resolución de sus conflictos con las administraciones públicas.
La Fundación Valsain empezó esta tarea en el año 2011, en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial. Hemos impulsado una experiencia piloto en los juzgados y tribunales de los contencioso de Las Palmas de Gran Canaria y demostrado su éxito. Se han expandido por toda España experiencias de esta naturaleza y resuelto casos muy importantes. Pero todo ello no ha sido suficiente para regularizar definitivamente el uso de esta institución en este campo concreto, elaborando la correspondiente normativa ad hoc.
El derecho a la tutela judicial efectiva, que proclama el articulo 24 de nuestra Constitución, esta ahora, mas que nunca comprometido.
Los poderes públicos tiene que ser conscientes de que se avecinan tiempos de enorme conflictividad jurídica, con la interposición de cientos de miles de recursos administrativos y contenciosos. Que nuestros juzgados y tribunales ya saturados, no podrán resolver esta avalancha de conflictos, si no ponemos a su disposición los instrumentos adecuados para resolverlos de forma rápida, económica y con seguridad jurídica plena. Ese instrumento se llama la mediación y ya no hay mas pretextos para seguir impidiendo su plena regulación.
Ha sido el resultado de un trabajo de casi diez años y de la colaboración con asociaciones, profesionales del derecho, universitarios, colegios de abogados, jueces y magistrados, todos ellos convencidos de su utilidad y necesidad. Nos sentimos satisfechos del resultado de este esfuerzo común y a cuantos han colaborado para que esta iniciativa haya podido convertirse en una realidad, les agradecemos profundamente su generoso esfuerzo y apoyo.
Ahora corresponde al Gobierno y al Parlamento adoptar las medidas legales oportunas y necesarias.
Ojala, tantas esperanzas, no queden de nuevo ahogadas por la resistencia silenciosa de quienes solo quieren que nada cambie y todo siga igual.
En San Ildefonso a 20 de junio de 2020.