social1  social3 social2

La Administración Pública como catalizador (o freno) de los Derechos Humanos

La Administración Pública como catalizador (o freno) de los Derechos Humanos

La lucha por los Derechos Humanos, aunque siempre ardua y espinosa, es una de esas pocas batallas que en verdad merecen ser libradas.

Ahora bien en la mayoría de los casos no es suficiente con poner el foco en el esfuerzo, tesón y constancia de las personas que se colocan en la primera línea de batalla.

De hecho, la silenciosa retaguardia que debe hacer poner en funcionamiento los derechos obtenidos es tanto o más importante.

Ese background institucional, la Administración Pública, supone la diferencia entre éxito y fracaso en la fase implementadora de los Derechos Humanos.

Un engranaje jurídico-público adecuadamente engrasado y controlado es absolutamente necesario para dar virtualidad práctica a los catálogos, proclamaciones y declaraciones de derechos que tan fácilmente pudieran volverse papel mojado por mor de una burocracia anquilosada o interesada.

La enfatización del carácter instrumental, objetivo e imparcial de la Administración, aunque plenamente asentado en la ciencia jurídica y administrativa occidental, sigue difuminándose (o negándose) en sendas áreas del Planeta (europeas incluidas), lo que unido a una deficiente implantación del Estado de Derecho y de la separación de poderes supone el caldo de cultivo de una Administración que olvida la misión de servir a la ciudadanía, para ser un mero instrumento de dominación social al servicio del poder absoluto al mando.

Una visión meramente finalista de los Derechos Humanos se estrellaría inexorablemente contra la realidad, siendo necesaria una complementaria visión instrumental o medial respecto al concreto conjunto de medidas necesarias para que adquieran entidad propia.

La actualidad nos otorga multitud de ejemplos de derechos plasmados pero no adecuadamente cumplidos, como son los casos de las reuniones y manifestaciones en Turquía o los derechos del colectivo LGBT en Rusia, ambos miembros destacados del Consejo de Europa y adscritos a la Convención Europea de Derechos Humanos; o de derechos debilitados intensamente como ocurre con la libertad de expresión e información en China; o directamente negados como en Corea del Norte.

En todos estos casos pensamos en una Administración fuerte y en un poder burocrático más o menos omnímodo. Pero también podemos encontrar sonoros ejemplos si echamos la vista a Europa en materia de inmigración, asilo y refugio, en la cual Estados Miembros como Hungría estrenan muros que los alejan de los mandatos de la Convención de la ONU sobre refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967.

En todos estos casos, es obvio que la política resulta clave en cuanto al rumbo que toma un Estado en materia de Derechos Humanos. Ahora bien, no obstante lo dicho, la Comunidad Internacional puede intentar buscar (y exigir) unas mayores dosis de calidad público-institucional y burocrática con el fin de implementar materialmente lo plasmado formalmente.

En este sentido, cuatro son las ideas que se podrían aportar al respecto:

1.- Lucha contra la corrupción, clientelismo y nepotismo.

Siendo uno de los principales problemas manifestados en todos los países (subdesarrollados, en vías de desarrollo y desarrollados), combatir este aspecto supone un ataque a la línea de flotación de una Administración parcial, arbitraria e interesada.

            2.- Paso de la concepción de administrado a la de ciudadano.

Empoderar al ciudadano hacia una posición activa y no meramente receptora de “ius imperii” lo dota de dignidad y le hace implicarse en los asuntos públicos, incluida la vigilancia de los estamentos de poder.

            3.- El multilevel governance.

Tal y como subrayarían autores como Renate Mayntz, la implementación de las políticas públicas (incluidos los derechos) debe gestarse desde un nivel local, regional, estatal y global, como única vía de abordar adecuadamente estos complejos y poliédricos problemas.

            4.- Importancia del Tercer Sector o sociedad civil organizada.

Desde el sufragismo británico al movimiento pro derechos civiles estadounidense, el asociacionismo resulta clave tanto para obtener como para supervisar y retener Derechos Humanos, siendo un elemento clave del nuevo paradigma de “Gobernanza”, en donde el Estado y la Administración pasan de tener una relación vertical jerárquica con el ciudadano a tener una relación horizontal de diálogo y cooperación.

Estas son algunas breves líneas de actuación, cuyo pulso debe ser tomado constantemente para evitar una perversión de tan loables aspiraciones cristalizadas en el catálogo de Derechos Humanos.

Al principio de este texto señalábamos la obtención de tales derechos como una batalla; a la que sin embargo tendríamos que añadir la coletilla de “sin fin” (o, parafraseando a Michael Ende, “interminable”), puesto que la lucha por los Derechos Humanos, al igual que la lucha por el Estado de Derecho o frente a las inmunidades del Poder, es una batalla constante que requiere de una actitud de persistente vigilancia.

Y es por ello que para este fin la Administración puede ser un inestimable y crucial aliado; sin olvidar también que podría llegar a ser nuestro íntimo enemigo.

Carlos Saura
Profesor de derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.

FaLang translation system by Faboba

La Fundación Valsaín utiliza cookies propias y de terceros para mejorar su experiencia al navegar por la web, analizando la navegación en nuestro Sitio Web Para saber mas sobre nuestra Politica de Privacidad haga click Saber mas ....

Si continúa navegando, usted está aceptando su uso